El Gobierno nacional conducido por Javier Milei formalizó este viernes una nueva ampliación de su política de concesiones de infraestructura pública al habilitar el traspaso de más rutas nacionales al sistema de explotación privada con cobro de peaje. La disposición quedó plasmada a través del Decreto 1358/2026, publicado en el Boletín Oficial, que expande el alcance de la denominada Red Federal de Concesiones.

La normativa faculta al Poder Ejecutivo a otorgar a empresas privadas la administración, conservación, reparación, ampliación y explotación comercial de un total de 27 rutas nacionales distribuidas en 16 provincias, incluyendo corredores clave de la provincia de Buenos Aires por los que circula diariamente un intenso flujo de transporte de cargas agroindustriales y vehículos particulares.

En el territorio de la provincia de Buenos Aires, el anexo del decreto incorpora al esquema licitatorio los siguientes trazados estratégicos:

• Rutas Nacionales: Ruta 3, Ruta 9, Ruta 22, Ruta 33, Ruta 35 y Ruta 228.
• Accesos metropolitanos y regionales: El acceso A0017.

A nivel nacional, la medida también abarca corredores viales que atraviesan las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, La Pampa, La Rioja, Chubut, Santa Cruz y Neuquén.

Desde la Casa Rosada aclararon que la inclusión de una ruta en el listado oficial no implica el traspaso automático de toda su extensión ni el cobro inmediato de tarifas, dado que deberán delimitarse los tramos específicos en cada caso y quedarán excluidos aquellos segmentos que ya cuenten con contratos de concesión vigentes.

Según establece el texto oficial, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, será el encargado de definir los tramos exactos a licitar, contando previamente con informes técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo que mantendrá las facultades de supervisión y control sobre el cumplimiento contractual.

El esquema operativo fijado por el decreto contempla las siguientes pautas:

• Plazo de convocatoria: El Ejecutivo fijó un límite máximo de 12 meses para llamar a licitaciones públicas nacionales e internacionales, aprobar los pliegos y adjudicar los corredores.
• Explotación complementaria: Además del cobro de peajes, los contratos podrán habilitar a las empresas concesionarias a desarrollar actividades comerciales colaterales para generar ingresos adicionales.
• Fundamento fiscal: La administración nacional justificó la medida señalando que el capital privado permitirá financiar obras de rehabilitación y mantenimiento vial, mejorar la seguridad y reducir costos logísticos sin comprometer el equilibrio fiscal de las cuentas públicas.

Con la puesta en marcha de esta etapa administrativa, el foco de atención para los usuarios y productores bonaerenses quedará puesto en la definición de los tramos concretos que pasarán a manos privadas, la ubicación de las futuras estaciones de peaje, los cuadros tarifarios y los compromisos de inversión obligatoria que exigirán los pliegos.