Kicillof en la mira: lo responsabilizan por una obra ilegal de ABSA en la Reserva Natural de Punta Lara

El frágil equilibrio de la Reserva Natural de Punta Lara volvió a quedar en el centro de una severa disputa legal y territorial. La ONG ambientalista Nuevo Ambiente formalizó una denuncia administrativa y un pedido de intervención urgente ante el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para exigir la paralización inmediata de las obras de tendido de cañerías que la empresa estatal Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) ejecuta a la vera del Camino Costanero.

De acuerdo con la presentación de la organización no gubernamental, la prestataria de saneamiento avanza con la colocación de ductos de gran dimensión sin haber tramitado ni obtenido la Declaración de Impacto Ambiental, un requisito taxativo y vinculante estipulado tanto por la Ley Integral del Ambiente bonaerense (N° 11.723) como por los estatutos específicos que resguardan los parques y reservas de la provincia.

Más allá del bache técnico y ambiental de la obra de ABSA, que técnicamente forma parte del acueducto troncal destinado a enlazar la Planta Potabilizadora Donato Gerardi con la cisterna de Diagonal 74, la denuncia destapó un conflicto de fondo mucho más espinoso: la consolidación de asentamientos irregulares y usurpaciones de tierras dentro de la zona de máxima restricción ecológica. En declaraciones radiales, el referente de la ONG Nuevo Ambiente, Marcelo Martínez, cargó contra la paradoja del accionar de la Provincia, a cargo de Axel Kicillof, que dota de servicios públicos a predios usurpados:

"Están instalando cañerías de gran volumen para suministrar agua en el camino costero que limita y se mete sobre territorio de la Reserva Natural. ¿Cómo vamos a suministrar mayor infraestructura a asentamientos y ocupaciones civiles que están usurpando la reserva?", interpeló el ambientalista.

Martínez detalló que, actualmente, el relevamiento de la ONG detectó un cordón de entre 30 y 40 viviendas precarias consolidadas de forma ilegal sobre la vera del Camino Costanero, traspasando los límites naturales que fijan el arroyo Las Cañas y el arroyo Villaliza. "Hace unos ocho años se comenzó a trabajar con las autoridades locales para evitar que siguieran avanzando las usurpaciones, pero hoy vemos una ausencia estatal absoluta, ya no hay ningún tipo de control y las tomas siguen avanzando. Hay que poner un freno definitivo", advirtió.

 

 

 

 

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Los ambientalistas trazaron un peligroso correlato entre la proliferación de estas ocupaciones sin planificación y el ecocidio que viene sufriendo la flora y fauna nativa del humedal marginal del Río de la Plata. En ese marco, Nuevo Ambiente vinculó de forma directa las tomas con al menos tres incendios forestales de magnitud registrados en las últimas temporadas: "Nacieron en las mismas zonas. No sabemos si fueron intencionales, pero la irregularidad de base es la usurpación".

A su vez, denuncian que los trabajos con maquinaria pesada ya están provocando desmontes de selva en galería, modificaciones severas del paisaje autóctono y alteraciones en el escurrimiento hídrico de la isla. Desde la organización recordaron que todo el sector insular de la Región Capital (incluyendo a la Isla Santiago en Ensenada y la Isla Paulino en Berisso) goza del estatus legal de "Paisaje Protegido" bajo leyes provinciales.

Sin embargo, Martínez denunció que el paraguas normativo está siendo vulnerado de forma sistemática para favorecer desarrollos de características especulativas: “Esa protección no significa que puedan hacer negocios inmobiliarios como están haciendo, construyendo sin ningún tipo de plan de manejo ambiental”. Al respecto, recordó que la propia Justicia bonaerense ya le había exigido a los municipios de la región la redacción definitiva de dicho plan regulador, pero “los plazos legales fijados por los jueces vencieron hace más de seis meses” sin que las comunas presentaran las carpetas técnicas correspondientes.

Invocando de forma taxativa el artículo 5 de la Ley 11.723, que obliga solidariamente al Estado provincial de Axel Kicillof y a las intendencias a fiscalizar de oficio cualquier actividad antrópica capaz de degradar los recursos naturales, la ONG exigió que los inspectores pongan fajas de clausura en el camino costero. Hasta el momento, las autoridades de ABSA optaron por el silencio y evitaron responder las consultas respecto a la legalidad del tendido.