Scioli avanza con el remate de Chapadmalal: ordenaron el desalojo de 30 familias

El desmantelamiento de las políticas de turismo social fundadas a mediados del siglo pasado ingresó en su fase administrativa más cruda. En ese marco, el Gobierno nacional formalizó este martes el pase a disponibilidad de todo el personal civil de las Unidades Turísticas de Chapadmalal (Buenos Aires) y Embalse (Córdoba).  La medida, ejecutada bajo la órbita de la Secretaría de Turismo que conduce Daniel Scioli, disparó un severo conflicto sindical y habitacional tras conocerse las órdenes oficiales de desalojo para decenas de familias radicadas dentro de los predios fiscales del complejo.

Según denunciaron delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el plan de vaciamiento e inminente privatización comercial incluye la intimación perentoria para que unas 30 familias abandonen los pabellones habitacionales de Chapadmalal, inmuebles que ocupaban de manera legal y bajo cesión patronal desde hace más de dos décadas en su carácter de cuidadores y personal de mantenimiento de los hoteles. 

La ofensiva del Palacio de Hacienda y la Secretaría de Turismo se ampara en el Decreto N° 216/2025, la normativa de desregulación económica mediante la cual la gestión de Javier Milei eliminó formalmente la obligación del Estado nacional de garantizar, financiar o subsidiar los servicios de turismo social.

El impacto del apagón presupuestario sobre la actividad de los complejos costeros y serranos se evidencia en el desplome de sus estadísticas de ocupación. Cabe destacar que en la Temporada 2023, bajo gestión pública estatal, las unidades hoteleras combinadas de ambas provincias habían recibido un flujo superior a los 84.000 contingentes de jubilados, estudiantes de escuelas públicas y familias de bajos ingresos. 

A contracara, durante el periodo 2025-2026, el congelamiento de las partidas para insumos y raciones alimentarias redujo la actividad a una parálisis virtual y técnica, con el cierre total de las persianas de los complejos de alojamiento. 

Los gremios estatales advierten que el pase a disponibilidad y el retiro de la custodia es el paso jurídico indispensable que exige la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para declarar los predios como bienes ociosos o prescindibles y habilitar su posterior explotación por parte del capital privado. 

En el caso de Embalse Río Tercero, la AABE ya dictaminó retirarle el "destino turístico" formal a las tierras bajo el argumento técnico de que el complejo se encontraba "subutilizado", registrándose denuncias vecinales por el abandono total de las tareas de preservación y mantenimiento del parque edilicio. 

Para el complejo de Chapadmalal, el destino trazado por la jefatura de gabinete es idéntico. El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó días atrás la vigencia del cronograma de licitaciones públicas nacionales e internacionales para transferir la explotación comercial de las icónicas estructuras de veraneo. 

La avanzada libertaria reabrió de forma inmediata la trinchera política entre la Casa Rosada y la gobernación bonaerense. El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia, Augusto Costa, salió al cruce de Daniel Scioli y calificó las medidas de disponibilidad como un plan sistemático de despojo patrimonial.

“El Gobierno Nacional avanza con la destrucción de un derecho. Chapadmalal no es sólo un conjunto de edificios deteriorados, es el símbolo de la democratización del descanso y el bienestar para las familias trabajadoras. Es una provocación que mientras impulsan el cierre y privatización de las unidades populares, la residencia presidencial ubicada dentro del predio continúe bajo uso oficial exclusivo de los funcionarios”, fustigó el ministro de Axel Kicillof. 

Ante el escenario de abandono nacional, Costa confirmó que la Provincia de Buenos Aires ya formalizó un reclamo administrativo exigiendo la transferencia inmediata del complejo hotelero, las tierras y todos los bienes históricos vinculados al Museo Evita para incorporar la estructura al patrimonio y presupuesto bonaerense. El argumento de Calle 6 es eminentemente geográfico y de soberanía territorial: al encontrarse el complejo emplazado en suelo de la provincia, el kicillofismo buscará judicializar los desalojos y alambrar los hoteles antes de que la AABE coloque los pliegos de licitación en el mercado inmobiliario privado.