Berni se plantó contra la creación de las Policías Municipales y abre una nueva interna con intendentes

El tablero político del oficialismo provincial sumó un frente de conflicto: la creación de las Policías Municipales. La vieja controversia legislativa cobró un nuevo impulso en los últimos días tras la reactivación de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y, en ese sentido, el exministro de Seguridad y actual jefe de la bancada del PJ en el Senado, Sergio Berni, plantó bandera en contra del brazo armado comunal y desató una guerra la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.

La mecha del debate se encendió esta semana en la Cámara Baja, donde el diputado massista Carlos Puglelli presidió la reunión constitutiva de la comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios. Allí, el legislador del Frente Renovador listó los proyectos para fundar las policías locales como una de las prioridades absolutas del período legislativo 2026. Hay que destacar que, actualmente, el oficialismo tiene dos textos en danza: el del propio Puglelli, que propone un cuerpo de prevención civil subordinado orgánica y económicamente a los municipios; y el de Leonardo Moreno, un diputado que reporta de forma directa al intendente kicillofista de Escobar, Ariel Sujarchuk, cuyo borrador estipula un esquema de comando compartido donde la Provincia retiene una porción de la fiscalización técnica.

La descentralización policial cuenta con el guiño explícito de la Gobernación. En la apertura de las sesiones ordinarias de marzo, el gobernador Axel Kicillof adelantó la necesidad de derogar y reescribir de punta a punta la Ley de Seguridad Pública, la cual acarrea más de 30 años de antigüedad, para dotar a los intendentes de distritos con alta densidad poblacional de una fuerza preventiva de cercanía. En ese marco, el ministro del área, Javier Alonso, ya validó este esquema ante un grupo de alcaldes del Conurbano.

Sin embargo, la mayor resistencia a los deseos de Kicillof y de Sergio Massa no provino de los bloques opositores, sino del riñón del bloque oficialista. En un encuentro con periodistas, Sergio Berni tomó explícita distancia del plan oficialista, sostuvo que multiplicar las estructuras policiales no disminuye el delito y usó como contraejemplo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, pese a tener más efectivos por habitante, exhibe tasas criminales complejas.

En ese marco, el senador adelantó que reingresará de forma inminente su propio proyecto de reforma integral de la Policía Bonaerense, una iniciativa redactada en 2022 que apunta a "profesionalizar" la fuerza actual en lugar de fragmentarla. Cabe destacar que el texto de Berni introduce un severo filtro académico para la carrera policial gratuita, exigiendo de forma taxativa títulos de grado expedidos por el Instituto Universitario Juan Vucetich para ascender a los rangos de comisario o subcomisario, y tecnicaturas para los suboficiales superiores.

El punto más urticante de la reforma que promueve Sergio Berni y que enciende las luces de alarma en los despachos de los intendentes radica en el plano civil-institucional. La normativa propuesta por el exministro prohíbe expresamente que los policías retirados o exonerados puedan ser designados al frente de las Secretarías de Seguridad de los municipios. Esta cláusula corporativa pone en jaque las estructuras de gabinete de decenas de alcaldes bonaerenses, quienes históricamente apuestan por comisarios retirados para coordinar los centros de monitoreo y las patrullas comunales debido a su conocimiento operativo de las cuadrículas territoriales.

Hay que destacar que en la comisión de Seguridad de Diputados, el peronismo no tiene mayorías y los votos se dividen de forma matemática entre las tribus de Massa, los leales a Kicillof y las terminales de La Cámpora. En el Senado, la aduana que custodia Berni exhibe un fraccionamiento idéntico entre el Frente Renovador, el kirchnerismo y el Movimiento Derecho al Futuro. En los pasillos de la Legislatura ya admiten que la discusión de las policías municipales operará como un test de fidelidad política, donde los legisladores deberán decidir si responden verticalmente a los mandatos de sus jefes de bloque o ceden ante la presión territorial de los intendentes.