Luego de lo que fue un despliegue masivo de operativos de fiscalización laboral y tributaria ejecutados de forma conjunta por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y el Ministerio de Trabajo conducido por Walter Correa, derivó en fuertes críticas de parte de la Federación Empresaria de La Plata (FELP), que salió a respaldar el enérgico reclamo de los comerciantes independientes, quienes denunciaron métodos de asfixia burocrática e indefensión económica.
Los procedimientos estatales, presentados formalmente desde las oficinas de ARBA como acciones de rutina orientadas a verificar el cumplimiento de los regímenes impositivos y la registración del personal, desataron una oleada de indignación en los principales corredores comerciales del centro platense. En ese sentido, los referentes de las pymes locales adujeron que la embestida fiscal desembarca en el peor escenario posible, donde se ve una constante caída de las ventas al mostrador, la disparada de los costos operativos y severas dificultades financieras para evitar las persianas bajas.
Desde la conducción de la FELP expresaron de forma institucional su “solidaridad con los comerciantes, emprendedores y empresarios” que fueron blanco de las actas de infracción. A su vez, la entidad empresaria puso el acento en que el grueso del despliegue de los inspectores provinciales se concentró de forma quirúrgica en el rubro gastronómico y de cafeterías, precisamente uno de los eslabones productivos más precarizados por la retracción del consumo invernal.
Un relevamiento pormenorizado en las arterias comerciales del casco urbano arrojó un diagnóstico unánime entre los propietarios de los locales, donde el comercio minorista enfrenta una pinza de variables macroeconómicas destructivas. En ese marco, la pérdida sistemática del poder adquisitivo de los salarios pulverizó el flujo de clientes. “La gente no tiene plata para comprar y eso impacta en toda la cadena: si no vende el comercio chico, tampoco vende el mayorista”, graficó amargamente una comerciante textil de la zona de calle 12.
A su vez, los incrementos desregulados en los contratos de alquileres comerciales y las facturas de servicios públicos esenciales (luz, gas y agua) se transformaron en una carga fija intolerable. En ese marco, las pymes platenses reportaron la parálisis total de líneas de crédito productivo o tasas de fomento que les permitan sortear los baches de caja mensuales.
En ese sentido, los representantes de la FELP aclararon que el sector privado no promueve la anarquía impositiva ni objeta la potestad regulatoria del Estado bonaerense. Sin embargo, exigieron a las autoridades de ARBA la aplicación inmediata de criterios de "razonabilidad y contemplación" que tengan un anclaje con la delicada coyuntura económica de 2026. El planteo medular apunta a que los eventuales incumplimientos formales o moras impositivas sean encauzados mediante moratorias flexibles, planes de facilidades extendidos y plazos de gracia, en lugar de clausuras preventivas o multas confiscatorias que precipiten el despido de personal.
Cabe destacar que los comerciantes fustigaron lo que consideran una estrategia de "cazar en el zoológico", argumentando que los inspectores labran actas minuciosas sobre los establecimientos legalmente registrados y establecidos, mientras los circuitos de la informalidad y los grandes evasores operan con absoluta laxitud en la periferia de la región. “Los controles tienen que existir, pero para todos”, comentó uno de los gastronómicos damnificados.
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